DE CAJAS DE AHORROS A FUNDACIONES
El sector financiero acumula ya prácticamente una década en reestructuración. Los tiempos difíciles inaugurados por el estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera forzaron a las entidades a refundarse, concentrándose en las nuevas exigencias regulatorias europeas para mantener con garantías su papel fundamental de apoyo financiero a la economía.
Las entidades supervivientes a la peor crisis de la historia española más reciente parecen más conscientes que nunca de su papel social. Y de que su esfuerzo por impulsar proyectos con los que contribuir a un presente y un futuro mejor de su entorno se mantiene firme.
Las cajas de ahorros, como parte integrante del sistema financiero español, como es evidente, no han sido ajenas a este escenario. Todo lo contrario: han experimentado en los últimos años una transformación sin precedentes.
Uno de los hitos más importante durante este proceso fue la aprobación de la Ley 26/2013 de 27 de diciembre, de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias (LCAFB), que dio paso a la transformación definitiva de estas entidades de crédito en fundaciones de carácter bancario u ordinario. De las 45 cajas que existían en el año 2010, solamente sobreviven dos de dimensiones muy reducidas. El destino para el resto ha sido dar cumplimiento a la LCAFB, que impuso la transformación de aquellas en fundaciones de carácter bancario u ordinario, en función del grado de participación y control que mantienen sobre la entidad de crédito a la que han traspasando toda su actividad financiera y de la que son accionistas. Estas fundaciones son las herederas de la Obra Social y Cultural.
La mayoría de ellas adheridas a CECA, entre las que se encuentra Fundación Caja Inmaculada, focaliza sus acciones en una dimensión territorial concreta, de carácter autonómico o incluso provincial. Asimismo, y para hacer frente a los efectos de la crisis, han concentrado en los últimos años sus recursos en el ámbito asistencial, además de continuar fomentando otras áreas de actuación, como la cultura, el patrimonio, la cooperación y la educación financiera. Todas aspiran a ser una palanca para el desarrollo económico y el progreso social.
El nacimiento de estas nuevas entidades ha tenido una importancia singular en el sector fundacional español. Un sector clave para el avance socioeconómico de nuestro país constituido por cerca de 9.000 fundaciones, que emplea a 240.000 trabajadores – el 1,7% del total en España- y cuya actividad genera el 0,8% del PIB español, según datos del Instituto de Análisis Estratégico de la Asociación Española de Fundaciones (AEF). De acuerdo con esta misma fuente, en 2017 dedicó más de 8.000 millones de euros a proyectos de interés general que beneficiaron a 35,6 millones de personas.
En Aragón, el sector fundacional está definido por 510 organizaciones activas (374 de carácter autonómico), da trabajo a más de 6.000 personas y el número de beneficiarios se sitúa en torno a los 900.000.
Estas magnitudes dan una idea clara del papel determinante que las fundaciones tienen en la atención de las demandas y necesidades de los ciudadanos y en la consolidación de la sociedad española y aragonesa. Y a ello, sin duda, siguen contribuyendo de manera decisiva las fundaciones procedentes de las antiguas cajas de ahorros. Un papel consustancial que nos suscita un legítimo orgullo y que reafirma el fuerte compromiso social que siempre nos ha distinguido.